Que tremoli l'enemic

Artur Mas declara que considerará "una declaración de guerra" por parte del Gobierno cualquier modificación de la Ley Electoral que disminuya el poder de los grupos nacionalistas en los procesos electorales. Contesta así a todos aquellos que en la pasada campaña electoral reclamaban en su programa electoral un cambio de la mencionado ley ajustándola al principio democrático proporcional de que "todo ciudadano, un voto del mismo valor al de otro ciudadano". La fuerza del argumento ha penetrado profundamente en la conciencia social, convencida de que el agro tiene un mayor peso que lo urbano en nuestro sistema político. Es por ello que cuando la sra. Fernández de la Vega habló de formar una especie de subcomisión para la reforma de la actual Ley electoral, Artur Mas temió que socialistas y populares pergueñasen una reforma de la ley que rebajase el poder decisivo del nacionalismo. Quizá su preocupación mayor está en que se les arrincone, alejandoles de la posibilidad de penetrar institucionalmente en el Estado, para debilitarlo y destruirlo. Están demasiado cerca de ese objetivo como para soltar la presa precisamente ahora en que el nacionalismo reina en el centro del debate político. Considera Mas, como "casus belli", o una declaración de guerra en toda la regla, cualquier arreglo entre los dos grandes partidos nacionales que disminuya su influencia en el Congreso o Senado, y se les expulse de ser en cada ocasión el factor de gobernabilidad último o la razón de Estado. Truena el autoproclamado cabeza visible de "la casa común del catalanismo", llamando a la necesidad de una cumbre de GALEUSCAT, esa alianza que agrupa a los nacionalistas, catalanes, vascos y gallegos, concebida como alternativa global al pacto constitucional y que en este caso le reclama una propuesta consensuada desde los nacionalismos. El lider Convergente apuesta, ofreciendolo como carnaza, un sistema de listas abiertas como núcleo de la reforma electoral a cambio de asegurarse la actual Ley electoral que le es tan propicia y favorable a sus intereses, y que les ha ofrecido políticamente tantos rendimientos. Los nacionalistas saben, que la declaración de guerra no les viene del Gobierno del Estado de turno, ni siquiera de ZP, la guerra ya está en la calle, forma parte de su propia ideología constructora de una nueva realidad nacional, y se libra en estos momentos, en torno al desarrollo estatutario. Desde los diarios del régimen nacionalista, lease el que se lea, se clama por un acuerdo de financiación, negociado bilateralmente, es decir, de tú a tú, que le de trato pecualiar o preferente a las necesidades catalanas. Jordi Pujol acusa a Felipe González y a los socialistas en general de "retrasar la financiación justa de Cataluña", y los cuadros de CiU animan a Montilla a que "plante cara" al gobierno del Estado. Todas las organizaciones políticas del tripartito hablan de formar "un frente común" ante Madrid para conseguir un nuevo sistema de financiación para Cataluña y en esto CiU, y en algunos aspectos también el PP, estan completamente de acuerdo. Son los vientos de la guerra de la agenda de Artur Mas. Y es que, con el desarrollo estatutario, en esta gran batalla verbalmente paramilitar todos estamos implicados, al final como casi siempre, la perderemos todos los ciudadanos.