La libertad necesita pocos controles.

Desde antes de la transición la acción política de la oposición antifranquista ha sido un modelo a seguir por las organizaciones políticas de toda España; en el Estado autonómico las fuerzas políticas que disfrutan del poder continúan repitiendo los viejos clichés admirando irreflexivamente a nuestro pequeño país, aunque la realidad haya cambiado de forma objetiva hasta el punto de que en estos momentos se pueda afirmar sin miedo a equivocarse que el cuerpo político catalán busca el enfrentamiento de su electorado, inseparable por mil razones de resto de los ciudadanos españoles con las argumentaciones peregrinas que se esgrimen en el "Nou Estatut"; es un enfrentamiento histórico, económico y político contra la nación, o lo que es lo mismo contra el Estado Autonómico. Cuando se necesita firmeza, cualquier acercamiento mediante la imitación legislativa es un síntoma de debilidad o pérdida de iniciativa frente a la Generalitat de Cataluña, con lo que se ayuda a requebrajar a la nación; es lo que pasa con el CAC y la creación del CEMA (Consejo Estatal de Medios Audiovisuales), organismos que bajo "la garantiza del pluralismo y la libertad en el sector y los derechos de los ciudadanos", esconden una capacidad sancionadora, posibilidades para conceder autorizaciones de emisión, para vigilar la idoneidad de los contenidos de televisión y radio; la llamada "costra nacionalista" que con la creación del CAC daba otro cobijo legal a sus ambiciones de uniformizar el discurso político, se extiende ideológicamente por toda España mediante el CEMA para cerrar las pocas bocas dispuestas a investigar los males ocultos del sistema, ejerciendo esa labor crítica tan necesaria y consustancia con la democracia; demagógicamente lo manifiesta la esfinge vicepresidencial Teresa F. de la Vega en la presentación del proyecto considerándolo "una necesidad democrática". Desde el punto de vista del gasto público, la puesta en marcha de este organismo, supondrá un incremento importante del mismo; tomando como ejemplo el CAC (según informa la prensa) su presupuesto para el año 2010 es de 11 millones de euros, de los cuales sólo 300 mil se destinarán a informes, 6 millones se dedican a pagar los sueldos de 104 funcionarios (10 altos cargos perciben 1 millon de eus, el President Ramon Font, 13O mil, 55 mil para dietas y traslados, 35 mil en comidas), 1 millón en el alquiler de la sede, mantenimiento, material, etc., lo cual significa que ese presupuesto perfectamente se puede multiplicar por 10 en el CEMA; cantidades desorbitadas que crearan, de momento una duplicidad de funciones en Cataluña, y probablemente multiplicidad en todo el país. Situación lamentable la de un Estado en perpetuo decaimiento que se nos hace visible con estas salidas de aplicación de fondos, incrementando gastos, cuya misión es controlar a la opinión pública, apesebrando de cmino a la prensa, subvencionándola o castigándola, según repiten escondiendo la zanohoria por "necesidades políticas". Dice la ley, que para salvaguardar su independencia ningún consejero debe pertenecer a la vida política, debería porque si nos remitimos a las pruebas, la realidad ha marchado por otras vías alejadas de la legalidad: el Parlament designa a los nueve consejeros del CAC en el clásico cambalache de la proporcionalidad, el President, antes Carbonell y ahora Ramón Font los designa el President de la Generalitat. La nomenklatura sigue creciendo, sigue engordando, y los ciudadanos enflaquecidos y apaleados nos queda el recurso de lamernos las heridas o aullar nuestra desesperación, indefensión y desencanto.