Se incuban las veguerías

Si se hiciera una consulta a los ciudadanos de Cataluña sobre el significado de la palabra veguería la inmensa mayoría mostraría su estupor ante tamaña elocución, si no se lo tomaba a chicota considerando avispado las trampas humo-radas que la sociedad de la información plantea al hombre corriente. El rio de la vida se viene alimentando de dos afluentes, el uno contiene una adición creciente de problemas económicos, convivenciales, humanos, que parecen irresolubles, pues nadie arrima el hombro (ni siquiera los obligados a ello), el otro recoge la bola creciente de sandeces que aporta la clase política sumando iniciativas absurdas (si una es mala, la siguiente peor). En trámite de urgencia, el Govern presentó un anteproyecto de ley de una nueva distribución territorial que acaba con la provincia y levanta la veguería como referente departamental; con prisas, a la ligera, sin consensuarlo con el territorio, ni con otras fuerzas políticas y apenas a unos meses para que acabe la legislatura Montilla ha pactado con sus socios de ERC una nueva proposición legal anticonstitucional (desarrollando un Estatut enfermo) de carácter abierta (en el trámite parlamentario podrá ampliarse su número) que si hacemos una lectura electoral, facilita a los independentistas su arraigo homogéneo en todo el país, arrancando los socialistas como contrapartida la conformidad en la creación del AMB (Area Metropolitana de BCN), entidad que agrupa a 36 municipios, con 90 representantes (Baix Llobregat, Barcelonés y Vallés) y el 80% de la población catalana; un reparto de cromos, las veguerías para las ideas de ERC, el AMB (competencias en aguas, transporte, urbanismo, etc) para los socialistas (un bunker o fortaleza a donde Montilla y sus hombres puedan retirarse, tras perder las elecciones, a gozar de las prebendas del deshonor). El mecanismo tiene sus tiempos: las actuales provincias se transformarían en veguerías (Tarragona/Camp de Tarragona), después se incorporaría a ellas las Terres de l'Ebre, y mas adelante Alt Pirineu-Àran y la Catalunya Central (que recogen territorios de diferentes provincias), todo lo cual requerirá la aprobación por las Cortes Generales (modificación de al menos dos artículos de la Constitución). El procedimiento ha levantado la revueltas de las autoridades locales: el alcalde de Tarragona no acepta la denominación Camp de Tarragona, el alcalde de Puigcerdá (ERC) lamenta que la Cerdaña sea segregada de Gerona, el de Lérida (PSC) se muestra desolado por la división en tres de la provincia (actualmente solo el 6% de la población), el de Ribes de Fresser no quiere pertenecer a Gerona sino a Vic, el de Solsona quiere seguir en Lérida separado de Manresa o Vic, problemas en el Pènedes, en Amposta, disputa por la capitalidad de las veguerias, etc.; en una onda extrema de oposición, el Consell del Vall d'Aran rechaza su integración en l'Alt Pirineu, las razones nos suenan hartamente a los barceloneses, ellos son occitanos, tienen su propia historia (eran comunidad política en 1175), tienen lengua particular diferente del catalán y nunca se han sentido vejados por el centralismo madrileño "nos sentimos primero españoles, después araneses, catalanes y ciudadanos del mundo", y como se sienten maltratados "iremos a defender nuestros derechos a Madrid". Como engañatontos, Montilla compareció ayer para señalar "que la creación de las veguerías no implicará la creación de mas administraciones, no supondrá mas gastos, ni mas fumcionarios, pero sí la prestación de mejores servicios a la población", entre las risas mal contenidas de los presentes. ¿Como es posible? A las cuatro diputaciones actuales, habrá que sumar al menos tres (o cuatro, o cinco), nuevos Consells de Vegueries, funcionariado, traslado, viviendas, instalaciones, coches oficiales, presupuestos, asesores, etc. Ya corren rumores que de momento se removerán 6 mil funcionarios de su puesto de trabajo actual. Ganan los políticos, sus amigos, y perdemos todos aquellos que pagamos la elefantiasis administrativa. Hablan de estrecharse el pantalón para superar la crisis económica. El TC imperterrito calla adormilado en el sueño de la justicia (el art. 141 de la Constitución aclara "La provincia es una entidad con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica". ¿A quién se lo dicen? ¿Que podemos añadir?