Trincadas en el cinturon rojo.

El canciller Montilla, como diría Evo, en reunión con los diputados y senadores de PSC se nos presenta a estas alturas preelectorales como el protomartir de la seriedad y de la ética, "mejor perder las elecciones que los principios", les recordó instructivo, y no como la derecha, que carece de valores y prefiere que las cosas empeoren día a día para ganar las elecciones; preciosas palabras del jokey socialista que como dijo al iniciarse el año piensa ganar las autonómicas en la última curva de octubre por una cabeza de ventaja a la todopoderosa CiU (nuestra desgracia alternativa). Este hombre, encaramado a la comandancia general de los capitanes a partir de la primera corona barcelonesa, ha demostrado que se puede alcanzar la Presidencia de la Generalitat, sin sentido del deber, infiel a la Constitución y a su pueblo, sin formación personal, con el único bagaje de su ambición y el control de las riendas de la securitate interna que le garantizar un poder interior sin el rechiste de sus conmilitones. En base a ello Montilla, en un acto de omnipotencia suprema, suplió al alcalde de Sta. Coloma de Gramanet, el Bartu, (encausado por Garzón en el caso Pretoria) por la actual alcaldesa Nuria Parlon (asistió a su toma de posesión) intentando acallar de raiz el rumor de la corrupción que manchaba a su partido (las formas antidemocráticas pasaron desapercibidas). Pero ¿como cerrar la herida? cuando cada día el bramido de la justicia siembra dudas y certezas sobre la honradez de nuestros gobernantes: La hasta ayer interventora del Ayuntamiento de Sta.Coloma, Maite Carol, fué fulminantemente destituida por la Generalitat en base a que otro interventor de carrera había solicitado su plaza que ella cubría interinamente (hay que decir que al cuerpo de interventores se accede mediante oposición nacional y son independientes), como viene ocurriendo en otros tantos ayuntamientos (pasó en Barcelona, ocrre en San Boi, Castelldefels, etc) en que los consistorios controlan a funcionarios "digitales" (provisionales) que certifican sus cuentas; el problema se suscita cuando la interventora, para salvar sus propias responsabilidades, es testigo protegido de la Audiencia Nacional en el caso Pretoria; Maite Carol, hace apenas una semana, tiró atrás el proyecto de Presupuestos municipales porque contenían "graves desajustes" que el propio gobierno municipal reconoció; la intervención judicial ha causado pavor en todos los estamentos municipales: la Oficina Antifraude de Cataluña pulveriza al gerente y director técnico de Gramepark (intervenida por la Audiencia Nacional) en un informe en el que les acusa de deslealtad, tráfico de influencias, gestión ruinosa, etc., lo que ha obligado a los interventores judiciales a pedir la destitución inmediata de ambos (a tal efecto se presentaron en las oficinas de la empresa con dos agentes de la guardia civil que se llevaron "amplia documentación"); la empresa está sometida a una auditoria por parte de Deloitte para conocer el alcance del agujero económico (se calcula en 85 millones de eu); habrían cometido graves irregularidades en la contratación consistentes en la adjudicación a favor de sociedades con las que mantienen intereses personales. Este caso, se convertirá probablemente en una pieza separada del Pretoria. El Ayuntamiento por boca de su portavoz, Joan Carles Mas, aseguró (ja, ja, ja) que el Ayuntamiento es ajeno al nombramiento del nuevo interventor municipalo, que esa responsabilidad correspondería al Departament de Governació de la Generalitat que sería el responsable de la destitución de la molesta Maite Carol. La larga mano de la justicia llega lejos, tanto o más que las patas de pulpo de Montilla que en sus espacios, todo lo controla e ilumina; es como el choque de dos poderes, el politico-ejecutivo catalán y el bizcochable judicial. Montilla, quiere ganar las elecciones en el último momento y por una uña de "honestidad" sobre Mas y los tiburones de CiU (herederos de Pujol "el hacedor"); un dilema indescifrable para el común de la especie, dos alternativas de infarto. Quizá la diferencia se establezca en el 3% que adjudicó el "Gran Pasqual" a su cooficiantes parlamentarios en el carmelitano debate parlamentario sellado entonces con el silencio mafioso de las costumbres de "casa nostra".