La burocracia nacional

Los hechos parece que no casan con la realidad campante, pero son irrefutables: en una reciente encuesta entre los jóvenes parados de Cataluña sobre sus preferencias laborales dos de cada tres deseaban ser funcionarios; esta situación parecía inverosímil hace tan solo veinte o treinta años atrás cuando el poseer una formación laboral, estudios universitarios o simples ganas de prosperar te decidían a guiar tus pasos hacia la actividad privada que se imbricaba en un tejido industrial o comercial sólido, permitiéndote la suficiente libertad como para no ser centrifugado por el Régimen totalitario imperante. Ahora en la superioridad de los nuevos tiempos las cosas son al revés, lo despreciable y grimoso resulta admirable y es ambicionado por las nuevas generaciones; el objetivo consiste en convertirse en una rueda mas del engranaje total de la maquinaria administrativa. En ese sentido el Boletín Estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas nos dice que desde el año 2001 hemos pasado de 932.716 efectivos, en el global de las comunidades autónomas, a 1.345.577 en toda España y en el ámbito local de 466.457 empleados públicos en 2001 hemos alcanzado la cifra de 550.714 en 2009; en nuestra comunidad los aspirantes a funcionarios o a lograr cualquier enchufe en un organismo o ente público (y no digamos los militantes que esperan ejercitarse como personal de confianza, directivo o contratado a dedo) están de enhorabuena: Cataluña tiene el dudoso privilegio de ser la primera región en administradores por m2 (163.804 servidores de la Generalitat y 100.138 a repartir entre ayuntamientos, diputaciones y otros entes locales), hasta tal punto que el 25% de los Presupuestos del Govern se destinan a gastos de personal; como dato destacado, la provincia de BCN cuenta con 69.207 funcionarios, cantidad que supera holgadamente a toda la comunidad de Madrid (63.966). El Estatut, del que estamos viviendo su fase de aplicación, ha abierto nuevas espectativas a la juventud catalano-hablante, al establecer nuevas bases para la organización territorial de nuestra región: en el art.86 se indica que el municipio es el ente local básico, en el art.90 se define a la veguería como el ámbito para la organización intermunicipal de cooperación y para la división territorial de Cataluña y el art.92 habla de la comarca como el ente local para la gestión de competencias y servicios municipales. En definitiva un panorama en el que convivirán, diputaciones, corporaciones metropolitanas, consejos comarcales, mancomunidad de municipios, ayuntamientos, veguerías y áreas metropolitanas, provincias, organismos parapúblicos y entidades varias, lo que nos garantiza mas que la descentralización y cercanía de los servicios propios una irracionalidad en la organización de recursos y una duplicidad conflictiva en la gestión (el ciudadano lo tiene complicado para elegir a la administración en el caso de problemas, lo cual como sabe cualquiera es una manera como cualquier otra para desatenderlos). El Estatut de Catalunya puede que sea un éxito para el nacionalismo, ayuda a la desafección nacional, podría ser incluso una solución laboral para nuestros jóvenes (unos chicos que a imitación de sus mayores brillan por su pasividad de brutos), pero a todos nos incumbe preguntarnos: ¿Como podemos atender y pagar el brillo de la luz ideal y la del despilfarro?