Los abogados de BCN

La noticia difuminada entre tantas y malas informaciones sobre tomas de posición respecto al Estatut había quedado archivada en el olvido, y ahora la prensa y los juzgados la desempolvan volviendo con brío a su sangrante actualidad. En la exposición de los hechos ocurridos en noviembre pasado está la adhesión del Decano y la Junta de Gobierno del ICAB (Colegio de abogados de BCN) al editorial conjunto de doce diarios catalanes Per la dignitat de Catalunya (tras la cual estaba la clase política catalana) con la que se pretendía ejercer una presión política ante "la inminente" resolución del TC sobre los recursos presentados contra constitucionalidad del Estatut; días después surgía la disidencia dentro de la propia institución cuando un grupo de abogados (hoy 300) firmaron un manifiesto cacofónico Por la dignidad de la abogacía en el que entre otras cosas consideraban "inadmisible el ataque a la independencia del órgano judicial, presionándole en plena deliberación para que dicte una sentencia en un sentido determinado". No era una casualidad esa respuesta, porque precisamente este sector profesional es el que con mas contundencia se ha enfrentado al nacionalismo emergente adoptando un compromiso político; es como si el derecho destacase a parte de sus practicantes para defender a la Ley entendida como garantía de las libertades ciudadanas. Estos servidores de la justicia no pararon en un simple escrito sino que presentaron varios recursos ante los tribunales contencioso-administrativos reclamando la nulidad de los acuerdos del Ilustre Colegio de Abogados y que ahora sabemos han sido admitidos a trámite por tres juzgados (7, 15 y 17 de BCN); la politización servil del Colegio ha vulnerado, según entiende el grupo, la libertad ideológica y de asociación de los letrados, rompiendo el código ético de la institución que debe ceñirse a "cuestiones profesionales y no políticas o de otra índole". En una situación de amplio deterioro de los órganos jurisdiccionales el ICAB en vez de erigirse en garante de los principios del derecho se convierte en martillo de los mismos al prestar esa adhesión incondicional a un Estatut (recurrido ante el TC por el Defensor del Pueblo) que diluye, entre sus propósitos, la unidad judicial territorializando sus órganos de gobierno. En pleno conflicto de insumisión la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio se defiende afirmando que el acuerdo de apoyo al editorial de la prensa nacionalista es coherente con las posiciones oficiales de la entidad insistiendo en que el apoyo es "meramente jurídico (no político)" porque la sentencia va "contra su propia doctrina que insta a otros órganos judiciales a evitar dilaciones indebidas", ya que tanto retraso genera inseguridad jurídica. Sin embargo el Colegio calla ante la tropelía del Govern de la Generalitat de aplicar y desarrollar una Ley ampliamente recurrida por parte de la sociedad civil catalana, ahora, eso sí, ante la demanda de esa parte importante de sus afiliados ha solicitado un informe a su asesoría jurídica para saber como actuar frente a la demanda. En el manifiesto de los letrados se entiende "como reprobable los juicios de valor sobre los miembros del TC al reiterar su incompetencia e imparcialidad" que aparece en el editorial nacionalista; la evidencia del acto de fuerza intolerable contra la independencia del Constitucional les lleva a considerar dicho editorial como "infame" ya que ha comprometido el prestigio de la institución de los abogados convertida en otro mensajero de la amenaza a la justicia constitucional. Quizá sería bueno considerar que la profesión de tarjeta independiente de la mayoría de nuestros políticos es la de Derecho (algo que ellos se empeñan en torcer desde su compromiso), con lo que el conflicto entre unos y otros es mas serio de lo que parece. En la practica los partidario del Decano y su Junta socavan la independencia de la ley, es decir, los derechos del pueblo soberano y los rebeldes son nuestra gran esperanza blanca.