Humillar a la la lengua cervantina.

Afirma nuestra Constitución en su art. 3-1 que, "El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla"; en el 3-2 se dice, "Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus estatutos". Resulta cómica si no trágica esa iniciativa de unos 34 senadores españoles, pertenecientes al PSC, ERC, ICV, CiU, PNV, BNG y al grupo mixto para modificar el Reglamento del Senado y permitir intervenciones de las lenguas vernáculas, en los plenos de la cámara a partir de septiembre, y para el otoño del año siguiente ampliar el babel lingüistico a todas las comisiones senatoriales. No está en la agenda política de estos grupos la elevación del Senado a Cámara Territorial que concilie y equilibre la tutela del Estado, lo que pretenden es tajar en piedra las eternas singularidades nacionalistas, avanzar hacia la incomunicación intraespañola. El derecho democrático a saber el español se ha convertido en un pesadísimo deber que requiere un cuerpo de traductores simultaneos en cualquier actividad legislativa (un despilfarro increible en plena crisis económica, salvo que como ya ha hecho algún destacado miembro se dirija en inglés a sus congéneres). Es de nota que entre los que encabezan dicha proposición estén los representantesde los socialistas catalanes del PSC (posiciones ideológicas que se desmarcan de las oficiales del gran partido de la izquierda). A esta gente no les gusta que el español sea la lengua oficial y común (en la que nos entendemos todos). Los independentistas (menos sutiles) aclaran un poco por donde van los tiros; segun Miquel Bofill (senador por ERC) se puede conseguir en el pleno la mayoría necesaria, si los partidos dejan libertad de voto a sus senadores, (son necesarios mas del 50%) porque muchos representantes del PSOE y del PP le dan soporte e incluso han participado en la redacción de la propuesta, es por eso por lo que hemos pedido que la votación se haga individual y secretamente; si lo anterior fuera verdad (y no lo dudamos demasiado) el aspecto dramático de esa proposición modificadora del Reglamento del Senado estaría al descubierto: probablemente la mayoría de los senadores españoles sean partidarios de reducir la lengua cervantina a un mero instrumento funcionarial, centralista (arcaica) que cubre el derecho de unos pocos. Y mientras los senadores en los pasillos del Senado, en las cafeterías, en el puente aéreo, en Barcelona y en su propia casa, hablan con normalidad el castellano, demostrando que el mundo oficial que representan es una falsificación histórica descomunal. ¡Hemos desbordado la raya de la imbecilidad o nos quieren como cómplices!