Ley de consultas en Cataluña

La Comisión primera del Parlament ha emitido su dictamen del proyecto de ley de referendums con el apoyo del tripartito; en buena lógica el 10 de febrero pasaría al pleno en trámite de urgencia para su aprobación; pero frente a los movimientos del nacionalismo el PP ha movido ficha liberal recurriendo ante el Consell de Garanties Estatutàries el Título II de la mencionada norma (del art. 10 al 31) ya que dicha regulación "no se ajusta al ordenamiento constitucional"; de esta manera los populares retrasan un mes la aprobación de esa Ley de consultas recogida en el Estatut. El partido de centro-derecha se dirige genuflexo a un organismo (CGE), otrora fruta madura descolgada del Estatut, cuya existencia ha sido denunciada ante el TC precisamente porque reproduce sus funciones jurisdiccionales (por ello, entre otras razones, es considerado el Estatut una Constitución Catalana); el partido conservador trina candorosamente desde la inconstitucionalidad del CGE a la ilegalidad democrática de la Ley de referendums buscando un espacio vital en la Cataluña nacionalista (participa con un miembro en el CAC y ahora con otro en el CGE) aprovechando los resquicios "legales". La nueva Ley catalana de Referendums (cuestiona la virtualidad constitucional de la Ley de Referendum española) pudiendo incluir consultas populares sobre cualquier asunto, incluida la autodeterminación, de tres maneras: a propuesta del Govern, de la mayoría del Parlament o a través de una ILP mediante la firma del 6% de la población; el tripartito por boca del Conseller de Gobernació Jordi Ausàs la considera "plenamente constitucional" porque se requiere el "aval necesario" del Estado en cada caso. Y aunque resulta evidente que la plasmación de la nueva Ley reguladora de consultas tiene el influjo de los grupos radicales extraparlamentarios de la llamada "sociedad civil" tipo "Catalunya Decideix" de Omnium Cultural parece sorprendente los enfrentamiento en las filas oficiales del nacionalismo: CiU acusa a ERC "de que la ley sea un engaño, un intento de confundir a la ciudadanía. Nos vemos abocados a votar no, porque no es suficientemente ambiciosa, porque no despliega al cien por cien las competencias que otorga el Estatut" intentando llevar al Pleno del Parlament a una posición extrema (buscando todos los votos del nacionalismo) que pulverice la unanimidad del tripartito; ya el pasado verano, CiU intentó pactar con Esquerra una ley que desarrollase todas las potencialidades del Estatut terminando el escorzo en fracaso con acusaciones cruzadas: CiU a ERC por plegarse a la voluntad de PSC, denostando ésta a CiU "por razones electoralistas". La placidez de la iniquidad del catalanismo queda rota con declaraciones como la del profesor en Derecho Constitucional de la Complutense Manuel Sánchez de Diego "Los nacionalistas han tratado que el Estatut sea una Constitución Catalana, recogiendo derechos fundamentales que no son tales y creando un poder judicial propio. Implantan instituciones análogas a las españolas, Defensor del Pueblo, Agencia Catalana de Datos o el Consell Audiovisual; el CGE es una barbaridad, un paso mas entre otros". Los nacionalistas indubitables recogen la movida independentista del 13 de diciembre, la intentan reproducir en los próximos meses, preparan la consulta de Gerona, y mas adelante la de las otras capitales incluida Barcelona con una voluntad férrea; quieren representar a las personas que entonces votaron sí a la separación de España allanándoles el camino con una Ley de Referendums que ratifique aquella participación de broma, con consultas mas serias que arrastren a la mayoría hacia el gran ideal. Se ha abierto la veda. Mientras el Tribunal Constitucional retrasa sine die una resolución que tienen mas que masticada y digerida pero que en la política de las cosas son incapaces de regurjitar (y ya se sabe sin justicia no hay ley).