El circo autonómico

Se ha esgrimido siempre como última razón administrativa de la división territorial autonómica el acercamiento de la gestión a la ciudadanía; la proximidad a la persona permitiría conocer de cerca las prioridades sociales para atenderlas con suficiencia y garantías de eficacia. La política que abarca todas las cosas también distorsiona esas verdades aparentemente cartesianas; la crisis económica ha puesto en valor el despilfarro económico de las comunidades autonómicas que por puro interés partidario invierten en cosas absolutamente innecesarias olvidando el principio general de la solidaridad interterritorial para salir del atolladero común. Así, conocemos que el endeudamiento de las autonomías durante el 2009 ha crecido un 26% respecto al año anterior; es decir, el grueso de la deuda de las taifas españolas sube a 86.279 mill/eu (17.726 mas que el 2008) alcanzando el 8,2% del PIB nacional. (si se baja al territorio, en Cataluña se asciende al 11,5% del PIB catalán). La comunidad autonómica con mayor deuda en cifras absolutas es Cataluña con 22.605 mill/eu (comparativamente Madrid tiene 11.576 mill/eu); naturalmente, los ciudadanos peninsulares que tienen mas comprometido su futuro son los catalanes que deben per capita mas que en Baleares y Valencia, cuyos ciudadanos estan endeudados en este orden. A la deuda general hay que sumar 15.416 mill/eu de las obligaciones contraidas por los organismos autónomos no administrativos, entes y empresas dependientes de las comunidades clasificadas como administraciones públicas. Esas consideraciones hay que contextualizarlas en el conjunto de las administraciones públicas (central, autonómica y municipal) que tiene acumulada una deuda de 559.669 mill/eu medido según los criterios de la Unión Europea (adquirida básicamente por la banca internacional, española, alemana y francesa); su alcance representa algo mas de la mitad del Producto Interior Bruto español. En plena crisis, con un desplome de la recaudación universal (IRPF, IVA, Impuestos Especiales y otros tributos) resulta al menos chocante los casos de corrupción, de despilfarro, las inversiones fantasiosas e increibles (fruto de campañas "imaginativas"), la publicidad institucional, la duplicidad funcionarial, el acopio de privilegios de la clase política, etc., parece como si una y otras administraciones en vez de sentirse estimuladas por el ahorro, se emulen en la superficialidad pisándose mutuamente los callos de los pies para adelantarse en el gasto (la queja y otras tretas o artimañas son señales de calidad política entre nuestros representantes). Vivimos unos años repelentes. Quizá ha llegado el momento en que colectivamente reflexionemos sobre la conveniencia de devolver alguna de las competencias económicas en manos del folklore localista a las del Gobierno central o de las CCEE; se trataría de resolver de una vez por todas los actuales desajustes nacionales y superar la crisis (económica, social y política). En ocasiones la distancia (total, 600 km) favorece una mejor administración de los recursos públicos. Naturalmente, y en paralelo, sería obligado reforzar los controles públicos a todos los niveles (la justicia, dicen los expertos económicos, es el primer eslabón de la crisis).