Mañana se cumplen cuatro años de la aprobación por las Cortes Generales del Estatut de Catalunya; fue el tiempo en el que la clase política se desmelenaba en un proyecto de Ley reguladora que colocaba en el centro del interés social y mediático un tema que para los electores era absolutamente intras-cendente; ni fomentando la crispación o el victimismo, ni condenando de antemano a España de un expolio fiscal permanente que drenaba recursos de nuestra laboriosidad para aplicarlos a las comunidades mas ociosas, ni el odio almogavar, digo, logró crear "aquel clamor popular" del que hablaba Maragall a favor del Estatut (el 70% de los catalanes no lo votaron). En esta etapa, los políticos se han convertido ante los ojos ciudadanos en un gran problema, el segundo de entre los muchos males que sufre el país (crisis económica, paro, terrorismo, inseguridad, etc.); pero la intensa agresión al inconsciente colectivo ha generado tanta desconfianza entre todos, que el común se echa mano a la cartera cuando la información vuelve a sacar a la luz el asunto; las espadas estaban en alto preparadas para la degollina o "venganza catalana", cuando según informan los grandes diarios nacionales (El Pais, el Mundo, ABC) el TC podría dictar su esperada resolución pasados los dias de la semana santa; un dictamen que rechaza por inconstitucionales 15 artículos del Estatut y a otros 20 los hace interpretables (recomendado como debe aplicarlos la Generalitat); seis de los diez magistrados del Alto Tribunal habrían llegado a un acuerdo en torno a la quinta propuesta de la ponente Elisa Pérez Vera: en el preambulo se mantendría la definición de Cataluña como "nación" (según la jurisprudencia del TC carece de valor normativo o jurídico), igualmente se mantendría el principio de bilateralidad en las relaciones con España (art. 3) aunque se corregirán lo que describe el art. 8 como simbolos nacionales en la medida en que definan la nacionalidad catalana, se reinterpretará también el art. 6 que habla del catalán como lengua obligatoria intercalando que el castellano es igualmente lengua oficial, en el apartado judicial a fin de mantener la unidad jurisdiccional, la sentencia determina al CGPJ como gobierno de todos los jueces y al Tribunal Supremo como inmediato superior al TSJC (el recurso de inconstitucionalidad del PP incluía 114 arts. de los 223 de la Ley y 12 de sus 22 disposiciones). De esta manera está servido el guión para la campaña electoral que desgraciadamente pondrá sobre la mesa las viejas banderas identitarias o nacionalistas; los que quedan peor servidos son los socialistas que esperaban una campaña electoral en que el Estatut "estuviera fuera de la agenda política"; de hecho habían afirmado "ahora nadie se acuerda de la sentencia. Hace tiempo que en la Ejecutiva del PSOE con ZP ni se habla, el Estatut está en el congelador y tanto mejor"; las esperanzas de los directores de campaña recaía en que el pronunciamiento del TC se hiciese pasadas las elecciones autonómicas de otoño, argumentando "La sentencia, si sale ahora corrompería toda la campaña electoral catalana. No habría otro tema de debate", es decir, contemplaban un escenario electoral sin sentencia. Para estos prebostes los jueces viven en el mundo y no desconocen que su fallo tendría una interpretación determinante en un sentido u otro. Bien, pues parece que sí, que la sentencia se producirá mucho antes que después, contaminando sobre la marcha el proceso electoral autonómico y abriendo en canal a todos los partidos. Otra cosa es que ella inaugure una especia de apertura al guerracivilismo dentro y fuera de la sociedad catalana, la exigencia de la limpieza de sangre para la integración, la persecución de la disidencia, la imposición, el totalitarismo. Los socialistas en todo caso lo que quieren es que el TC declare en lo fundamental la constitucionalidad del Estatut, eso "sería bueno para Cataluña y para España" y de paso favorecería las "minsas" espectativas electorales del socialismo catalán. ¡Los pobres quieren comer turrón!
lunes, 29 de marzo de 2010
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